Barreras y desinversión: el panorama del acceso a la salud mental en San Luis
Los recursos destinados desde el ministerio de Salud para la contención apenas supera el 1% cuando la normativa nacional subraya que debe ser del 10%. Año tras año la cantidad de fondos disminuyó de forma permanente e incluso se subejecutan partidas.
La pandemia del Covid-19 y sus coletazos, puso sobre la mesa la discusión de la salud mental arriba en la agenda. La falta de inversión por parte de las autoridades, el dificultoso acceso al acompañamiento y la poca infraestructura, son una muestra de un sistema que requiere la mayor de las atenciones.
El Chorrillero trazó un análisis de las partidas presupuestarias de San Luis y rápidamente se arribó a una conclusión: no está siquiera cerca de cumplir con la Ley de Salud Mental N°26.657.
Para este año el Gobierno provincial presupuestó un total de $528.409.156 a la dirección del Hospital de Salud Mental, el único establecimiento de esta índole en la provincia.
La inversión representa solo el 1,38% del total del gasto del ministerio de Salud ($38.411.281.919), cuando la norma nacional indica que debe ser del 10%.
En periodos anteriores se presentó un cuadro similar, incluso, la inversión fue disminuyendo con el pasar de los años, siempre lejos de lo reglamentado.
En 2016 la cantidad destinada a salud mental era de $25.840.104 (un 1,52%), en 2017 representó un 1,54%, en 2018 un 1,85%, en 2019 un 1,61%, en 2020 un 1,53%, en 2021 un 1,41% y en 2022 un 1,37%.
Las partidas para este 2023. (Dato del Presupuesto anual).
Hay que remarcar que la Ley fue sancionada en 2010 por el Congreso Nacional bajo un amplio consenso de los legisladores de ambas Cámaras. 13 años después, el incumplimiento es permanente.
Establece que se deben realizar adecuaciones en los hospitales polivalentes para recibir a los usuarios de los servicios de salud mental y que los hospitales monovalentes (los llamados popularmente manicomios) no deben existir más.
Además, precisa que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. “Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, indica el texto de la norma.
“Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio”, dice uno de sus artículos.
Cuando el análisis se detiene en cómo utiliza los recursos la administración de Alberto Rodríguez Saá se decanta la falta de inversión en el área. La carencia de fondos, materiales e interés juega un rol central.
Según el presupuesto 2023, el hospital cuenta con 10 camas frías de internación, consultorios externos para tratamientos ambulatorios, “abordajes grupales terapéuticos coordinados” por equipos interdisciplinarios y dispositivos de atención domiciliaria.
Se estipula una sola capacitación sobre alcoholismo, ansiedad y depresión, la creación de una red provincial y de un área de psicología institucional.
A todo ello fueron presupuestados apenas $500 mil para un programa aparte del hospital, denominado “gestión de políticas en salud mental” con el objetivo de “crear una mesa interministerial” para abordar los tratamientos.
Un dato a subrayar es que San Luis cuenta con una propia norma sobre salud mental pero que en la práctica tampoco se implementa.
A lo largo de sus 12 artículos se trazan consignas médicas, garantías para el ciudadano, la conservación de la dignidad del paciente y la prohibición de las cámaras de aislamiento, en pocas palabras, es una modernización de los métodos.
“Queda expresamente prohibida la institucionalización de enfermos mentales en instituciones de carácter público o privado en todo el territorio de la provincia”, dice en uno de los apartados.
Más allá de todo esto, en ningún fragmento se estipula un aumento de presupuesto o el direccionamiento de partidas para la salud mental puntana.
Ahora ¿cuál es la situación en otras provincias? A la hora de la lectura de los datos referentes a recursos volcados al tema, se observa un dispar actuar. En muchas jurisdicciones no llegan a cumplir con el 10%, aunque se ubican por encima de San Luis.
Quien cumple efectivamente con la norma (y con creces) es Neuquén: un 14% del Presupuesto del ministerio de Salud, son utilizados para la contención.
Otras referencias son Córdoba que destina un 4% o la Ciudad de Buenos Aires con poco más del 6%.
A nivel nacional, fue menos del 2% del gasto total en Salud, entendido como función de la Administración Nacional. Solo en el 2016 se otorgó un monto mayor (2,03%).
Para organizaciones civiles, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la implementación de la norma cuenta con otros varios incumplimientos a lo largo del territorio argentino.
La escasez de recursos, la insuficiente atención de la salud mental en la Atención Primaria de la Salud y la carencia de la formación necesaria -entre el personal de la salud en general y trabajadores de la justicia- para implementar la ley, son puntos en los que coinciden.
Un estudio recientemente publicado por el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina se detiene en hablar acerca de las barreras en el acceso a los servicios de salud mental.
“Una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Esta proyección se ve agravada dado que entre el 35% y el 50% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento y quienes sí lo hacen, no reciben el tratamiento adecuado”, sostiene el informe publicado en mayo.
El documento señala que para fomentar que se valore, promueva y proteja la salud mental, al tiempo que se prevengan los trastornos mentales, y que las personas con dichos trastornos puedan acceder a una atención de salud oportuna, “es necesario mejorar la calidad y cantidad de los trabajos de investigación regional”.
Y propone: “Fomentar una mayor cooperación entre instituciones, realizar investigaciones en diferentes contextos culturales y desarrollar métodos de caracterización de las disparidades en salud mental entre subpoblaciones en contextos de vulnerabilidad o poco representadas en los países”.
En San Luis agrupaciones como el Colectivo Relámpago, bregan por la correcta aplicación de la norma y, a lo largo del último tiempo, realizaron múltiples cuestionamientos a la falta de políticas.
En abril denunciaron el abandono por parte del Gobierno cuando mostraron carteles que estaban dentro del hospital-escuela en el que solicitaban que las personas internadas debían llevar su ropa de cama.
Sabemos que hay cosas inmediatas que dependen de la voluntad política simplemente”, afirmaron en su oportunidad.
La subejecución también forma parte de la discusión. De las Cuentas de Inversión del 2021 se desprende que de los $8.981.400 destinados a la partida “centro de prevención y asistencia de las adicciones” se ejecutó $7.130.670.
En síntesis, pese a que el coronavirus dejó expuesto un sistema carente de infraestructura y, sobre todo, interés político, nada se realizó para mejorar la calidad de la salud mental.